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¿Qué podrían hacer los países para seguir combatiendo el tráfico ilegal de madera?

Desde la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, se desarrolló un proceso para estudiar los procesos y mecanismos que se han construido en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, con el fin de combatir el tráfico ilegal de madera. En este top cinco, te contamos los principales aprendizajes que dejó este ejercicio.

La Amazonia está llegando a un punto de no retorno. En 36 años, el 20% de la cuenca ha sido deforestada de manera irreversible, ―aproximadamente, 165 millones de hectáreas―y el 6% está en gran riesgo debido a estar altamente degradado ―54 millones de hectáreas―, según cifras de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada. 

Aunque los factores que amenazan los bosques de la región varían desde la expansión agropecuaria, hasta la minería legal e ilegal, existe una amenaza que incrementa con velocidad: el tráfico ilegal de madera. Según el informe de WWF sobre “Contribución del sector forestal, desafíos, propuestas y acciones con resultados”, el 47% de la producción de madera en Colombia es de origen ilícito o desconocido y en países como Ecuador, Perú y Bolivia, esta cifra oscila entre un 34% y 37%. En Colombia, el tráfico ilegal de madera es el responsable del 10% de la deforestación, según cálculos del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam). 

Ante esta realidad en la región, los gobiernos y la sociedad civil han desarrollado procesos para promover el comercio de madera de origen legal mediante varias estrategias, entre estas, el desarrollo de sistemas de monitoreo, control y vigilancia forestal de los productos maderables con mecanismos llamados sistemas de trazabilidad de la madera, que buscan monitorear los productos maderables que salen del bosque hasta que llegan a su comprador final, y el desarrollo de plataformas de concertación y diálogo nacionales y regionales,  en donde de los diferentes actores de la cadena forestal se reúnen para crear acciones conjuntas que permitan combatir esta problemática en sus territorios.  

Junto a organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil, del sector privado y de cooperación internacional, estudiamos nueve de estas iniciativas en Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador, para identificar sus retos y aprendizajes. Te contamos cinco de estas principales lecciones obtenidas en el marco de la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, y retomadas en la serie de webinars “Los desafíos de la madera legal en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia”, desarrollados en agosto y septiembre de este año:

(Descargue el documento de resumen ejecutivo de la sistematización aquí)

1.       Diálogo y más diálogo

Aunque el desarrollo de ejercicios como las plataformas de concertación y diálogo nacionales y regionales ha fomentado la relación entre actores de la cadena forestal, lo que ayuda a formar capacidades en los gobiernos subnacionales y encontrar problemáticas similares en los territorios; es claro que se debe seguir fortaleciendo ese diálogo en todos los países. "El reto que tienen los espacios de concertación y diálogo, es involucrar a los actores en todos los niveles, como comunidades nativas, pueblos indígenas y la sociedad civil vinculada al tema, para legitimar los procesos” explica Hugo Carvajal, coordinador de la Mesa Forestal del departamento de Amazonas en Colombia.

De hecho, este diálogo promovido por estas plataformas es tan importante que los especialistas destacaron la importancia de reconocer estos espacios en los planes de gobierno, así como en los instrumentos de política pública, ya que muestran su validez significativa para incidir en un alto nivel político.  Para los gobiernos, es crucial que estas plataformas resulten operativas, pues representan espacios estratégicos de colaboración multi-actor para entender los contextos territoriales, promover el intercambio de conocimientos y desarrollar políticas y acciones apropiadas, para contrarrestar la problemática del tráfico de madera. "Las plataformas en torno a la gestión de la madera legal han contribuido a ampliar las redes de contacto y esto ha fomentado una mayor circulación de conocimientos" explica Alfredo López, coordinador de Alianzas Público, Privadas y Comunitarias Grupo Nacional de Certificación Forestal Voluntaria del Ecuador (CEFOVE). 

El mismo reto queda para los sistemas de trazabilidad. Por ejemplo, para el caso colombiano, Nhaydú Bohorquez, experta en REDD+ y manejo forestal sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), explica que "más allá del relacionamiento entre una autoridad ambiental nacional y cerca de 40 autoridades autónomas regionales, debe confluir un diálogo y acercamiento entre los usuarios del sistema nacional de trazabilidad a lo largo de los diferentes eslabones de la cadena".

2.       Mayor capacitación para usar los sistemas de trazabilidad

Aunque algunos países tienen sistemas de marcaje tan completos que permiten monitorear los productos maderables desde que salen del bosque hasta que se venden, con tan solo un código QR y un celular, es necesario fortalecer las capacidades de todos los actores para usar estos mecanismos. “En estos procesos, lo que falta es el fortalecimiento de capacidades para que todos los actores puedan usarlo” explica Manuel Salirrosas, especialista forestal de la Dirección General de Promoción y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) de Perú. 

En ese mismo sentido, como explica José Luís Osinaga, ex jefe nacional de Conservación y Manejo de Bosques de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en Bolivia, también debe fortalecerse la conectividad en los territorios más lejanos, para involucrar, tanto a las autoridades ambientales, como a las industrias, el sector privado, y por supuesto, a las comunidades locales que viven y dependen de los bosques. "Aún hay falencias en la aplicación de los sistemas de trazabilidad digitales de los Estados, como las condiciones en el servicio de internet en regiones tan extensas y lejanas. Pero también es necesario trabajar con los actores forestales para que estos sistemas no solo los maneje el Estado, sino también los mismos actores y sirva para mejorar el desarrollo del trabajo participativo en el sector forestal" explica.

3.       Seguimiento transfronterizo

Las acciones transfronterizas también son necesarias para disminuir la problemática del tráfico ilegal entre países. Por esta razón, deben fortalecerse los sistemas de monitoreo en estos territorios de frontera, en donde los vacíos legales, la falta de cobertura y la poca presencia del Estado hacen de las suyas. Además, se debe continuar desarrollando espacios de diálogo como las mesas forestales transfronterizas, para que el sector privado y las entidades de los distintos países puedan construir en conjunto acciones y estrategias para promover el comercio legal en sus territorios.

4.       Fortalecimiento de capacidades para comunidades locales

El rol de las comunidades es vital para el desarrollo de procesos de monitoreo, control y vigilancia dentro de sus territorios; de hecho, este es un proceso que muchas comunidades realizan desde tiempos ancestrales en sus territorios. Al respecto, Max Silva Sánchez, originario del pueblo Shipibo Konibo y asesor legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), afirma que "es un deber por parte de las comunidades participar en la gestión de los bosques, a efecto de lograr un aprovechamiento sostenible".

Sin embargo, el desafío de este ejercicio va en dos líneas: que las comunidades puedan apropiarse de esta responsabilidad en sus territorios y que, además, los gobiernos puedan fortalecer la capacidad técnica y organizacional de estas comunidades, para este ejercicio. "El desafío no solo es que las comunidades y los pueblos indígenas puedan participar en el control, monitoreo y vigilancia, sino que es una responsabilidad al ser dueños y tener los derechos de aprovechamiento forestal. Entre las condiciones habilitantes, está el fortalecimiento de capacidades”, explica Ronaldo Vargas, gerente técnico de la Asociación Forestal Indígena Nacional (AFIN) de Bolivia, y Estefanía Arias directora de Bosques del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

5.       Generación de confianza

La falta de confianza con el gobierno es otra de las grandes limitantes que tienen las comunidades locales para desarrollar sus procesos de monitoreo, control y vigilancia en sus territorios. Por esta razón, es necesario generar estrategias que permitan que estas comunidades puedan fortalecer sus relaciones con las entidades gubernamentales y las autoridades ambientales en sus territorios. Fabiola Muñoz, coordinadora del Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y los Bosques (GCF Task Force) en Perú, explica que "trabajar de manera colaborativa, necesita de confianza. Cuando uno destina tiempo, es porque realmente siente que el espacio es confiable. Por ello, es importante institucionalizar estos espacios y que no dependan de la autoridad de turno".


 

La "Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques" es una acción regional impulsada por la Unión Europea e implementada por WCS y WWF que busca combatir el tráfico de fauna silvestre y madera, a través del compromiso de la sociedad civil en el fortalecimiento de la aplicación de la ley y la cooperación con y entre las autoridades de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y zonas de tri-frontera con Brasil.

© WWF-Perú
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